El despacho de abogados Oria, Peña, Pajares & Asociados ha emprendido la primera demanda colectiva en España contra el medicamento antiinflamatorio y analgésico Vioxx. El fármaco, aprobado en EE UU en 1999, se prescribía contra la artritis reumatoide y la artrosis.. En su otra presentación, bajo el nombre Ceoxx, se recetaba en episodios de dolor agudo a corto plazo. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios autorizó su venta en octubre de ese año y retiró ambas presentaciones del mercado en el mismo mes de 2004, después de que apareciesen miles de afectados de infarto cardiaco, infarto cerebral y fallos renales achacables al tratamiento en todo el mundo.

La decisión fue consecuencia de los resultados de un ensayo clínico en el que se demostró que rofecoxib, el principio activo, «incrementa el riesgo de accidentes cardiovasculares graves (especialmente infarto agudo de miocardio e ictus) en comparación con el placebo en tratamientos prolongados», a partir del año o año y medio. El fármaco dobló el riesgo de «episodios trombóticos».

Según explica Román Oria, el letrado al frente del bufete, la primera querella por daños y perjuicios y responsabilidad civil se presentará a principios de septiembre en los juzgados de primera instancia de Madrid.

Los socios estadounidenses de Oria, que han obtenido acuerdos extrajudiciales por 3.300 millones de dólares -pedían 4.850-, aportarán pruebas que se presentarán en el juicio, aunque «no tendrán la misma fuerza» que si se hubieran obtenido en España, pero el abogado está convencido de que «serán trascendentes». Se han asociado también con otro bufete, el Osuna de Sevilla, que ya ha presentado una demanda individual de un afectado. Entre todos representan a unos 300 afectados por medicamentos peligrosos.

Desde Merck Sharp & Dohme aseguran que no tienen constancia de nuevas notificaciones, pero en cualquier caso confían en que «la Justicia examine los hechos y decida sobre este y cualquier otro caso sobre la base de la ciencia y de los hechos de cada caso individual».

Recursos jurídicos
En EE UU y Reino Unido existe la figura jurídica del Class Action, una acción jurídica conjunta que engloba a todos los afectados por una misma causa, como los fármacos peligrosos. En España «no existe esta figura como tal», explica Oria, sino que se deja en manos de las organizaciones de consumidores, una «caricatura» de lo que tienen fuera. En países como Alemania, Holanda o Francia «se ha avanzado mucho en este sentido, y esperamos que en España se progrese también», porque una demanda individual para una persona con pocos recursos «resulta a menudo inalcanzable».

El objetivo, de acuerdo con el abogado, es que las indemnizaciones alcancen tales volúmenes que las multinacionales «se lo piensen dos veces» antes de lanzar un producto mínimamente sospechoso, porque hoy día «les compensa pagarlas y seguir como si nada». «Si ganan 5.000 millones, qué les supone pagar 500?», se cuestiona.

En EE UU se han llegado a reunir 44.000 demandantes, que empezaron a cobrar las primeras indemnizaciones el pasado 28 de agosto. «Fue un verdadero escándalo, porque las pruebas eran evidentes», destaca.
No se trata sólo de resarcir a los perjudicados. En EE UU, además, existe la figura del daño punitivo, es decir, que se impone una multa ejemplar al condenado para evitar que se repita la situación en el futuro. Algo que en España no se contempla. «Aquí no se protege al consumidor, sino a la gran multinacional, a los poderosos. Hay que cambiar la mentalidad de los tribunales», incide Oria.

El despacho, que prepara demandas colectivas contra los fabricantes de otros fármacos dañinos, como el antipsicótico Zyprexa y el postmenopáusico Agreal, pide una media de 300.000 euros para cada afectado por Vioxx y hasta un millón por los del Zyprexa, que puede provocar obesidad y diabetes en personas jóvenes. Se trata del medicamento más exitoso del laboratorio Lilly, con ventas de 4.200 millones de dólares en 2007 sólo en EE UU.

Otro escollo judicial en España es el de las apelaciones, que puede dilatar un proceso hasta seis años. «Nosotros pediremos en todos los casos la ejecución de las condenas en primera instancia, porque muchos no llegarán a disfrutar de las indemnizaciones por su edad y su estado de salud».