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Durante 30 años Antonio trabajó como electricista en Unión Naval de Levante, reconvertida en Unión Naval de Valencia. En 2003 le fue diagnosticado un mesotelioma pleural maligno. Murió en 2006. Dos años antes denunció a su empresa, a la que responsabilizaba de la enfermedad profesional que contrajo por el contagio con el amianto. Con su denuncia se abrió una investigación judicial que permitió descubrir que su caso no era el único. Entre 2002 y 2008 han fallecido por algún tipo de cáncer relacionado con el amianto diez trabajadores de esta empresa dedicada a la construcción y reparación de buques. Otros trece sufren enfermedades pulmonares derivadas del contacto con el asbesto que les ocasionan problemas respiratorios de diferente gravedad.
El fiscal acusa a Alicia, M., representante legal de la mercantil y a los tres jefes de seguridad que, de forma sucesiva, pasaron por la empresa en los cinco años anteriores al primer fallecimiento. Para la primera pide 58 años de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores, trece delitos de homicidio por imprudencia y 10 delitos de lesiones imprudentes. Pide, además, que sea condenada a pagar una multa de 108.000 euros e inhabilitada profesionalmente durante el mismo periodo de tiempo para el ejercicio del comercio.
Para los tres jefes de seguridad, a quienes atribuye los mismos delitos, reclama 34 años de cárcel y una multa de 4.800 euros.
Soldadores, electricistas, mecánicos, albañiles, chapistas.. La mayoría de los afectados -fallecidos o enfermos-ha desarrollado prácticamente toda su vida profesional en las instalaciones de Unión Naval de Levante, para la que casi todos han trabajado durante más de 30 años.
Dice el fiscal, que al menos desde 1999, los cuatro acusados obviaron todas las normas de seguridad relativas al contacto con el amianto, prohibido, por su toxicidad, desde 1984, «a sabiendas de que perjudicaban gravemente la salud de sus trabajadores, puesto que los acusados conocían que, antes y después de esas fechas, la empresa había utilizado amianto en la construcción y reparación de buques y que, por tanto, algunos de los trabajadores (...)habían sufrido la exposición directa e indirecta a este contaminante».
La empresa, dice el fiscal, «no cumplió con la obligación de control o evaluación ambiental de los puestos de trabajo», no llevaba «un libro de registro con el resultado de las mediciones ambientales»; tampoco tenía la ficha clínica de cada trabajador, a los que no se les practicaban pruebas de control por lo que, «tampoco adoptó las medidas preventivas» para «impedir o atenuar los efectos negativos de la inhalación de fibras de asbestos en la salud de los trabajadores».
Tienen o tenían entre 50 y 60 años y casi todos descubrieron su enfermedad cuando ya estaban fuera de la empresa, porque se habían jubilado o prejubilado, porque se habían acogido a un expediente de regulación de empleo o porque, simplemente, habían sido despedidos. Hay un fallecimiento más, pero el fiscal lo considera prescrito.
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