Mejor pagar que afrontar pleitos. Es lo que ha debido pensar Lilly ante la perspectiva de tener que lidiar con miles de demandas tras denunciar el New York Times que la multinacional farmacéutica ocultó en su momento datos sobre los graves efectos secundarios de su fármaco Zyprexa. De hecho ha decidido firmar un acuerdo económico con las 14 firmas de abogados que llevan 18.000 reclamaciones por ello. El coste del acuerdo será de cerca de 550 millones de dólares (casi 420 millones de euros). Ya en el 2005 Lilly firmó un acuerdo similar con 8.000 demandantes a los que pagó 800 millones de dólares (más de 600 millones de euros), cerca de 75.000 por persona. La diferencia de trato con los consumidores españoles resulta desde luego llamativa.

Si usted se ha visto obligado a consumir el medicamento Zyprexa o lo utiliza como parte del arsenal farmacológico con el que se trata a alguno de sus familiares sepa que forma parte de los 20 millones de personas que se calcula han tomado ese medicamento desde su salida al mercado en 1996. Pero, ¿sabía usted de la predisposición del Zyprexa a provocar diabetes? ¿Le contaron que podría aumentar de peso considerablemente y desarrollar otro tipo de patologías? ¿Sabe que sólo está indicado para esquizofrenia y trastornos bipolares? Pues si comenzó a tomarlo a finales de los 90 tiene mucho en común con cualquiera de los miles de demandantes que han puesto en Estados Unidos entre la espada y la pared a su fabricante Lilly por ocultar información sobre los efectos adversos.

Con el Zyprexa se escribe el penúltimo capítulo de los escándalos que en los últimos años han rodeado al sistema de fármacos superventas con el que convivimos y del que nos han convertido en farmacodependientes. Una vez más los datos que se han ido conociendo desde que el pasado mes de diciembre el New York Times hiciera públicos documentos internos de la compañía nos sumergen en un mundo de oscuros intereses donde lo único que cuenta es el máximo beneficio.

Pero el caso Zyprexa nos sirve además para apreciar las enormes diferencias de trato que como consumidores sufrimos los españoles respecto a los norteamericanos. Basta contemplar el calvario que están atravesando las demandantes españolas del caso Agreal (vea en nuestra web los reportajes publicados en los números 82 y 91). Somos consumidores de segunda y nuestros derechos son de segunda. Para nosotros, reclamar como han hecho miles de consumidores en Estados Unidos y poder llegar a acuerdos extrajudiciales es simplemente una ilusión. Román Oria, abogado del madrileño bufete Peña, Oria y Asociados, con amplia experiencia en los temas de reclamaciones civiles en casos de daños a la salud a ambos lados del océano, sintetiza la frustración del afectado español en pocas palabras: "Pedir en España responsabilidades a la Administración o a las grandes corporaciones -nos diría- es un duro camino de espinas: por la legislación, por cómo funcionan los tribunales, por el tiempo que se tarda, por la mentalidad de gran parte de la judicatura y por la cuantía de las indemnizaciones; por todo ello es un duro camino, en muchos casos imposible de recorrer".