11/12/2013 - Demandas de pacientes, la gran batalla legal de las farmacéuticas

Los grandes laboratorios hacen frente a un número creciente de denuncias multimillonarias, la mayoría de ellas en Estados Unidos. En España, el código civil prevé las demandas colectivas desde el año 2000. El caso de la talidomida, sobre el que el Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid Leer más »
Ver todas las noticias
Lawyerseek.com
www.pajaresyasociados.com
Lawyerseek.com
www.pyo-abogados.com
Lawyerseek.com
www.lawyerseek.com
Opamianto.com
www.opamianto.com
abogados franquicias
www.abogadosfranquicias.es
abogados responsabilidad civil
www.abogadosderesponsabilidadcivil.es
28/09/2007
« volver                                              


LAS INDEMNIZACIONES MULTIMILLONARIAS QUE VIENEN »


Víctimas del amianto, y afectados que sostienen haber sido perjudicados por medicamentos como Zyprexa o los parches anticonceptivos Ortho Evra ,van a comenzar a presentar en las próximas semanas demandas judiciales en las que pedirán fuertes indemnizaciones, de la mano de abogados que han ganado casos similares en Estados Unidos.

Estos bufetes y sus socios españoles están tomando iniciativas en nuestro país también en otros casos, como el del medicamento antiinflamatorio Vioxx. Igualmente, estudian personarse en nombre de perjudicados por los efectos del tabaco, pero la presentación esta semana de una demanda de la Junta de Andalucía contra el Estado y seis empresas tabaqueras les ha obligado a reconsiderar técnicamente su estrategia jurídica.

Este grupo de abogados españoles pretende, que en nuestro país puedan llegar a producirse condenas con indemnizaciones millonarias por daños contra la salud, el medio ambiente, por malas prácticas profesionales, productos defectuosos, contaminación, negligencias o fraudes y malas prácticas empresariales. Según explica Román Oria, de Oria, Peña, Pajares y Asociados, se trata de conseguir indemnizaciones "más justas" que las que se deciden en la actualidad.

La experiencia en tribunales norteamericanos puede servir también para aportar a un juez español las mismas pruebas que sirvieron para ganar un juicio en Estados Unidos. En ese sentido son especialmente importantes los casos del antiinflamatorio Vioxx, de la farmacéutica Merck, por la que el despacho Seeger&Weiss, de Nueva York, consiguió una indemnización récord de 47,5 millones de dólares. Este es uno de los bufetes norteamericanos que desembarca en España de la mano de socios locales.

También es llamativo el de los parches anticonceptivos Ortho Evra, de Johnson&Johnson. Un producto prohibido actualmente en Estados Unidos, que todavía se comercializa en España y que ha sido defendido con éxito al otro lado del Atlántico por Reich&Binstock, otro de los socios norteamericanos con ganas de abrir casos similares en España. Los bufetes norteamericanos aportan igualmente una importante experiencia en las técnicas de investigación, que les han permitido probar en muchos casos que las empresas conocían los peligros de sus productos y los ocultaron.

Tabaco
En cuanto al tabaco, este grupo de abogados está en contacto con la World Association for Cancer Research para iniciar una reclamación judicial en España a imagen de las que se presentaron con éxito en Estados Unidos. Debido a los problemas para que los tribunales admitan la relación con daños a la salud, y siguiendo también el modelo norteamericano, la demanda explorará las posibilidades que ofrece la ley de producto defectuoso, debido a los numerosos componentes tóxicos no declarados que, según las demandas norteamericanas, contiene el tabaco.

Los antecedentes exitosos en indemnizaciones por la vía civil a favor de fondos de pensiones por prácticas especulativas de las empresas en las que invertían, también les llevan a preparar acciones en este terreno.

A pesar de que se trata de sistemas judiciales diferentes, estos abogados están convencidos de que las semejanzas son suficientes como para aprovechar la experiencia norteamericana. Los abogados de aquel país, además, recuerdan que el sistema no favorecía de entrada esta situación, sino que ha evolucionado hacia el reconocimiento de mayores indemnizaciones, y este cambio puede producirse también en España.

Indemnizaciones punitivas
Las grandes "indemnizaciones punitivas" que empiezan a establecerse en Estados Unidos responden al interés en que éstas "no sólo reparen el daño, sino que tenga efectos ejemplarizantes y sean adecuadas" para que las empresas no puedan pensar que es rentable realizar una práctica incorrecta a pesar de pagar estas indemnizaciones. "Para una empresa que ha ganado 500 millones, por una determinada acción, pagar 50 millones no es nada", explica Román Oria.

Otra de las dificultades se encuentra en que la Justicia española no indemniza hasta que se ha producido el daño. Pero hay casos de daños a la salud con efectos que no se hacen evidentes salvo al cabo de muchos años. La ley de producto defectuoso, que obedece a una directiva europea, ha hecho cambiar las cosas, porque no es necesario probar que se ha producido un daño, sólo que el producto es deficiente. A pesar de ello, Román Oria se queja de "la reciente jurisprudencia española en sentido contrario al que se avanza en Europa" que se explica por "la mentalidad conservadora de los magistrados" nacionales.

Quienes pretendan resarcir daños a la salud tienen que conseguir probar con contundencia en el sistema español la relación entre la causa y el efecto. Casos como el de los afectados por el amianto aparentan ser, a priori, muy claros, ya que la asbestosis parece claramente producida por ese producto. A pesar de ello, los abogados, según Oria, se encuentran ante lo que se llama una "prueba diabólica", debido a la precisión que piden los tribunales para aceptar esta relación.

En España, las principales batallas judiciales sobre asuntos que ahora quieren explorar a imagen y semejanza de Estados Unidos se encuentran empantanadas en los tribunales, según relatan sus protagonistas. El abogado de Comisiones Obreras Enrique Lillo aplaude cualquier iniciativa que sirva para acabar con la "impunidad empresarial". Este abogado recuerda algunos casos especialmente llamativos, como la lucha de los trabajadores de los astilleros de El Ferrol por las consecuencias de su exposición al amianto.

José Manuel Marraco, abogado que ha llevado varios casos de Greenpeace, destaca que hasta ahora las demandas de estas organizaciones y de particulares se han centrado en la reposición de la situación a su estado inicial y no en indemnizaciones millonarias. Tal fue el caso de Rafael García Montero, que consiguió una novedosa sentencia contra la empresa Cadbury por el ruido de su factoría tras una larga batalla judicial. De todas formas, Marraco ha sido protagonista de un caso con indemnización, la que benefició a los pueblos afectados por las emisiones de la central térmica de Endesa en Teruel.

Seiscientos millones
En cuanto al tabaco, el presidente de la Asociación de Laringectomizados, Gumersindo Rodríguez, recuerda que en estos momentos su asociación estudia si inicia una demanda por la vía contencioso-administrativa para conseguir que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado por 600 millones de euros debido a los daños producidos por el tabaco.

Esta iniciativa se produciría después de que las demandas por la vía civil no fueran admitidas por los tribunales. Rodríguez, que se queja de que parece que "no le preocupa a nadie" la cifra de 158 muertos al día a causa del tabaco, declara que echa de menos contar con los grandes equipos de abogados que han llevado estas demandas en Estados Unidos.

Sara del Río, responsable de Greenpeace de las campañas sobre tóxicos, considera que "va a ser muy complicado perseguir judicialmente a las empresas para que indemnicen", sobre todo porque muchas veces han realizado sus vertidos o puesto el producto en el mercado de forma lícita. Entre los casos más importantes por vertidos se encuentra la contaminación del Polo Químico de Huelva. En este asunto, José Manuel Cantó, activista contra las consecuencias de estas prácticas, ha cuantificado unos beneficios obtenidos gracias a esta práctica de 50 millones de euros.

La Fiscalía ya ha exigido responsabilidad civil en el procedimiento judicial abierto. Cantó subraya que estas prácticas suponen una "competencia desleal" con otras empresas que sí cumplen con las normas medioambientales y recuerda los altos índices de cáncer que se dan en la zona.

En Andújar, los trabajadores de la antigua fábrica de uranio negocian políticamente conseguir el reconocimiento como enfermedad profesional de los problemas de salud que han afectado gravemente a su plantilla. El abogado de los trabajadores, Manuel Vázquez, destaca las dificultades que han tenido para probar la relación causa efecto entre el uranio y los problemas de salud a lo largo de los procedimientos judiciales que iniciaron sin éxito.





 Descargar noticia en formato PDF
Videos
Plaza de la Música
 
Dossier de Prensa
De Actualidad
» Riesgos de los químicos y los transgénicos.
» AGREAL
» ASBESTOS O AMIANTO
» AVANDIA
» CATASTROFES AEREAS (Accidente Madrid)
» Clobetasol
» Finanzas & Mercados
» Historia de Don Valentín Ibañez
» MESOTELIOMA
» Noticias sobre el caso
» PARCHE ORTHO EVRA
» Plataforma de afectados por la crisis de MADOFF FUND
» Retirada de medicamentos
 
Search Menu
Búsqueda avanzada


   Aviso legal