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11/08/2009
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Anticorrupción reactiva el caso Madoff »


Seis meses después de que estallara el caso MAdoff, el mayor fraude financiero de la historia, las investigaciones penales empiezan a sucederse. Después de que el pasado jueves un fiscal suizo abriera una investigación para determinar las posibles responsabilidades del Banco de Santander, en España las pesquisas están también en pleno apogeo.

 

            La Fiscalía Anticorrupción, que abrió diligencias previas en diciembre pasado para determinar si las entidades que distribuyeron productos financieros falsos de Bernard Madoff en España conocían el fraude, ha interrogado a todos los gestores de los fondos y entidades que comercializaron esos productos. "El proceso está muy vivo", aseguran a este diario fuentes cercanas a la investigación. "Se está analizando toda la documentación recabada y las declaraciones de los responsables de los fondos, y en unas semanas se llegará a conclusiones".

           

            La investigación de la fiscalía se dirige contra todos los que distribuyeron los fondos, precisaron las fuentes consultadas. Los que más volumen de dinero de inversores españoles colocaron en los productos fraudulentos son, además de la firma Fairfield Greenwich, gestionada por el colombiano Andrés Piedrahita, el fondo Optimal y el banco privado Banif, filiales del Santander. Responsables de estas firmas han pasado por Anticorrupción para someterse a las preguntas de los dos fiscales que se ocupan de la investigación, Luis Pastor y Concha Sabadell, según las fuentes consultadas.

 

            Los fondos de Fairfield afectados por el fraude superan los 65 millones de euros, procedentes, sobre todo, de grandes inversores como Alberto Cortina, Alicia Koplowitz, Jaun Abelló y la familia Lladró, muchos de ellos amigos personales del colombiano Andrés Piedrahita y captados como clientes desde que Fairfield abriera oficina en suelo español, hace cinco años.

 

            Otra de las entidades más implicadas en la estafa es el Santander, que colocó 2.330 millones de euros de sus clientes en productos gestionados por Madoff. De esa cifra, 2.010 millones de euros pertenecen a clientes de banca privada internacional, invertidos a través de la sociedad de inversión Optimal, y el resto, unos 320 millones de euros, forman parte de clientes españoles.

 

            La Fiscalía tiene en su poder numerosa documentación solicitada a las entidades e informes de la CNMV. Los fiscales también están en permanente contacto con la SEC, el supervisor de la Bolsa estadounidense que tiene en marcha su propia investigación. Tras tomar declaración a los responsables de los fondos y analizar la cuantiosa documentación, los fiscales anticorrupción determinarán si las entidades que vendieron los fondos fraudulentos en España son susceptibles de ser acusadas de cooperación en la gigantesca red fraudulenta, con lo cual presentará una querella ante el juez correspondiente, tal y como explican las fuentes consultadas.

 

Otro proceso en marcha

 

            Paralelamente a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que transcurre por la vía penal, existe otro proceso abierto en la parte civil. Un juez de Madrid ha admitido las diligencias preliminares solicitadas por el Despacho de abogados Oria, Peña, Pajares & Asociados, en las que solicitaban la declaración del presidente del Santander, Emilio Botín, como paso previo a la preparación de juicio contra la entidad.

 

            El bufete argumenta que su cliente ha perdido toda la inversión que realizó a través del fondo Optimal comercializado por el Banco Santander, sin obtener explicaciones. Lo único que le ha ofrecido el banco como contraprestación es "permutar los títulos de participación de los fondos por una deuda perpetua al 2% y con una opción, al arbitrio del banco, para su compra dentro de 10 años".

 

            El bufete se refiere a la oferta de participaciones preferentes que el banco ofreció a todos los clientes afectados por Madoff, y que ha suscitado muchas críticas. En el escrito de Oria, se concluye que la única vía que le queda al cliente es reclamar daños y perjuicios al banco. "Ahora bien, como ha ocurrido en prácticamente todos los afectados por este caso, al actor no le han dado ni la información ni la documentación que le puede permitir establecer con solidez las bases de una reclamación no sólo ante el Banco de Santander, sino ante los organismos de vigilancia y control del Estado que, en el presente caso, han brillado por su ausencia".

 

            El titular del juzgado de primera instancia nº 57 de Madrid considera que la petición es "adecuada a la finalidad pretendida, y concurre en la causa de interés legítimo". Además de la declaración del presidente del Santander o un apoderado, el juez acepta que se solicite al banco información adicional sobre los fondos, liquidaciones e informaciones periódicas sobre el estado de la inversión, contratos y acuerdos entre el Santander y el fondo de Madoff. Además, se acuerda llamar a declarar al director general del Banco de España y solicitar del organismo una serie de documentos para aclarar los hechos. Lo único que rechaza el juez es la declaración del presidente de la CNMV.

 

            Tanto el Banco de España como el Santander se han opuesto al auto del juez, que es firme y contra el que no cabe recurso, y ahora están a la espera de la celebración de una vista en la que ambas partes expondrán sus alegaciones. El magistrado decidirá tras escucharles y si, como es previsible, da la razón a los demandantes, pondrá fecha para que declaren en el juzgado los responsables del Santander y del Banco de España.





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